
Hacienda descongela las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya; solo podrá usar sus pensiones
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó el desbloqueo de dos cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que habían estado congeladas desde mayo pasado debido a señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico. El pasado 5 de noviembre […]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó el desbloqueo de dos cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que habían estado congeladas desde mayo pasado debido a señalamientos de autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El pasado 5 de noviembre se efectuó la liberación de estas cuentas, en cumplimiento a una suspensión otorgada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que permitió al exgobernador recuperar acceso a los fondos, limitados exclusivamente a los depósitos de sus pensiones.
Según la información difundida, una de las cuentas recibe dos tipos de prestaciones: una pensión por viudez proporcionada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La segunda cuenta corresponde a los pagos de jubilación que Rocha Moya recibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución donde trabajó anteriormente como académico.
El desbloqueo se dio después de que el exgobernador solicitara inicialmente su exclusión de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF mediante un procedimiento administrativo, petición que fue rechazada el 4 de agosto. Posteriormente, sus abogados acudieron al TFJA para impugnar dicha decisión.
No obstante, la resolución judicial únicamente autorizó la liberación de las dos cuentas vinculadas a sus tres pensiones, mientras que el resto de sus recursos e instrumentos financieros permanecen congelados hasta que se resuelva el litigio de fondo.
El bloqueo original fue ordenado el 18 de mayo, tras la divulgación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos de acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses, por supuestos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses acusan al exgobernador de colaborar presuntamente con integrantes de esta organización criminal para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Rocha Moya ha negado categóricamente dichas acusaciones.
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